El Ecuador vive una situación de vulneración sistemática de los derechos humanos de su población, especialmente de aquella que sufre pobreza y pobreza extrema. A la falta de garantías básicas de los derechos a la vida, la libertad y el debido proceso de las personas, se suma otra de progresivo y acentuado deterioro del nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de la población.
En los últimos años, se puede observar un deterioro intenso de los principales indicadores sociales que no ha encontrado respuestas adecuadas desde los sucesivos gobiernos. Al contrario, se han promovido políticas que benefician a élites locales y actores transnacionales que amenazan los derechos de las poblaciones más vulnerables, impulsando el extractivismo sin garantizar el derecho de consulta e información adecuada de la ciudadanía.
Por lo cual, exigimos que en la presente coyuntura electoral se brinden definiciones precisas por parte de las organizaciones políticas y sus binomios sobre asuntos que han sido velados del debate nacional y que requieren respuestas urgentes. Las organizaciones sociales y de Derechos Humanos exigimos a la autoridad electoral que sean consideradas en el debate nacional y obligatorio a realizarse el próximo 19 de enero de 2025